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Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria


Principio de protección 3: proteger a las personas de los daños físicos y psíquicos causados por la violencia y la coerción.

Las personas están protegidas de ser objeto de violencia, de ser forzadas o inducidas a actuar contra su voluntad y del temor a padecer esos abusos.

Este principio abarca los siguientes elementos:

Notas de orientación

Protección frente a la violencia y la coerción

1. La responsabilidad primordial de proteger a la población de las amenazas a su vida y seguridad incumbe a los gobiernos y a otras autoridades competentes (véase la Carta Humanitaria). En tiempo de conflicto armado, las partes en el conflicto tienen el deber de proteger a la población civil y a quienes han depuesto las armas. Analizando la situación desde el punto de vista de los riesgos y amenazas que presenta para la población, las organizaciones humanitarias deben establecer quién tiene la responsabilidad jurídica y/o la capacidad real de dar protección.

2. Ayudar a reducir otras amenazas: esto incluye prestar asistencia a la población de manera que esté más segura, apoyando los esfuerzos que realiza para preservar su seguridad y tomando medidas (por ejemplo, de defensa de sus derechos) para reducir su exposición a los riesgos.

3. Seguimiento e información: las organizaciones humanitarias deben considerar la posibilidad de encargarse de hacer el seguimiento de las violaciones graves de los derechos e informar al respecto. También deben abogar por los derechos de las poblaciones afectadas ante las autoridades competentes y otros actores, recordándoles sus obligaciones en ese sentido. Pueden valerse de diferentes tipos de acción, como la diplomacia, el cabildeo y las campañas públicas, sin olvidar las precauciones recomendadas para la gestión de información sensible (véase el principio de protección 1).

4. Durante un conflicto armado, es importante que las organizaciones humanitarias evalúen la posibilidad de supervisar las instituciones específicamente protegidas por el derecho internacional humanitario, tales como escuelas y hospitales, e informar sobre cualquier ataque contra ellas. Asimismo, las organizaciones deben esforzarse por reducir los riesgos y las amenazas de secuestro o reclutamiento forzoso que puedan ocurrir en esos lugares.

5. Donde los restos explosivos constituyen una amenaza para la población afectada, es indispensable que las organizaciones humanitarias coordinen sus esfuerzos con las autoridades gubernamentales competentes y los organismos especializados en la remoción de minas terrestres y municiones sin estallar. Esta amenaza puede presentarse en particular cuando las poblaciones regresan a sus lugares de origen al término de un conflicto armado.

6. Los políticos, los encargados de hacer cumplir la ley y los militares desempeñan un papel muy importante en la protección de las personas contra los abusos y violaciones de sus derechos. En definitiva, es en el ámbito político en el que pueden hallarse las soluciones a los problemas relacionados con la protección, y las preocupaciones que plantean. Las instituciones encargadas del orden y la seguridad, por ejemplo la policía y las fuerzas armadas, incluidas las fuerzas de mantenimiento de la paz, pueden y deben desempeñar un papel importante en los esfuerzos por garantizar la seguridad física de las poblaciones en riesgo. Las organizaciones pueden alertar a las instancias pertinentes acerca de las violaciones de los derechos que tienen lugar. Las respuestas ante los contingentes militares, los oficiales que los comandan o las autoridades bajo cuyo control operan pueden constituir un paso fundamental para poner término a las violaciones cometidas por las fuerzas armadas.

Libertad de movimiento

7. Las personas no deben ser forzadas a ir a un lugar que no desean (como por ejemplo, un campamento) o a permanecer en él, ni se les deben imponer restricciones innecesarias a sus desplazamientos. Sólo debe restringirse su libertad de movimiento y su elección del lugar de residencia si hay serias razones de seguridad o de salud, y las restricciones deben ser proporcionales a su objetivo. En todo momento las personas afectadas por un conflicto o un desastre tienen derecho a solicitar asilo.

8. Evacuaciones: las organizaciones humanitarias sólo deben participar en una evacuación como medida excepcional en circunstancias extremas, cuando sólo de este modo se les puede prestar asistencia o protección urgentes frente a una grave amenaza para su vida, seguridad y salud.

9. No se debe incitar a la población afectada a que permanezca en un lugar peligroso, ni se debe promover su regreso o reasentamiento si no tienen pleno acceso a toda la información necesaria sobre las condiciones existentes en esas zonas.

Factores particulares de vulnerabilidad a la violencia y la coerción

10. Personas vulnerables: es primordial prestar especial atención a los factores individuales, sociales y contextuales para identificar a las personas más susceptibles a ciertos riesgos y amenazas. Es posible que se requieran medidas especiales para proteger a las personas que hacen frente a riesgos particulares, incluidas mujeres, niños, personas desplazadas por la fuerza, personas de edad, personas con discapacidad y personas pertenecientes a minorías religiosas o étnicas.

11. Un entorno seguro para los niños: Es esencial que las organizaciones humanitarias ofrezcan a los niños acceso a lugares donde estén seguros. Hay que apoyar a las familias y a las comunidades en sus esfuerzos por velar por la seguridad de los niños.

12. Los niños, especialmente cuando estánseparados de sus familias o no están acompañados por un adulto, pueden ser fácilmente víctimas de abusos o explotación durante un desastre o un conflicto. Las organizaciones humanitarias han de tomar todas las medidas posibles para evitar que los niños sean reclutados por las fuerzas armadas o, si están asociados a las fuerzas armadas, harán todo lo posible para que sean liberados de inmediato y reintegrados a su entorno.

13. Las mujeres y las niñas pueden estar particularmente expuestas al peligro de ser víctimas de la violencia por motivos de género. Cuando contribuyen a la protección de mujeres y niñas, las organizaciones humanitarias han de contemplar medidas para reducir posibles riesgos, incluidos los de trata de personas, prostitución forzosa, violación o violencia doméstica. También deben aplicar normas e instrumentos para la prevención y erradicación de las prácticas de explotación y abuso sexuales. Estas prácticas inaceptables pueden afectar a personas con vulnerabilidades específicas, como por ejemplo mujeres solas o con discapacidad que se ven forzadas a prestarse al comercio sexual a cambio de la prestación de asistencia humanitaria.

Apoyo social y autoayuda en la comunidad

14. Los mecanismos familiares y comunitarios de protección y apoyo psicosocial merecen ser promovidos manteniendo juntos los grupos familiares, enseñando a la gente cómo prevenir que los niños sean separados de sus familias, fomentando una atención apropiada para niños separados y organizando procesos de búsqueda y reunificación para los niños separados y otros miembros de la familia. Cuando sea posible, se mantendrá reunidas a las familias y se facilitará que las personas originarias de un mismo poblado o pertenecientes a una red de apoyo se instalen en la misma zona.

15. Apoyo a las actividades de autoayuda comunitarias: tales actividades abarcan, por ejemplo, la labor de grupos de mujeres que abordan el problema de la violencia por motivos de género, grupos de jóvenes que colaboran en el apoyo a los medios de subsistencia, grupos de supervisión parental, dedicados a apoyar interacciones positivas con niños y atención a los padres de niños pequeños y niños con necesidades especiales, grupos de jóvenes que difunden información para protegerse de amenazas como las minas terrestres, y grupos comunitarios que se ocupan de mujeres y hombres que han perdido su pareja, de personas de edad y de personas con discapacidad.